0 lecturas desde 8/2010
Canarias
Advierte que el Gobierno no puede utilizar la expropiación de forma discrecional aparte de que ésta conlleva el pago de una indemnización económica
Nueva Canarias (NC) considera que el artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes aprobada en el Parlmento canario por los votos de ATI-CC y PP, incentiva a los empresarios a solicitar indemnizaciones por el cambio en la clasificación del suelo que pasa de ser urbanizable turístico a rústico de protección territorial.
La organización nacionalista indica que los dueños de este suelo se apuntan el derecho que les reconoce la mencionada ley para negociar con el Gobierno de Canarias una indemnización por el cambio del uso del suelo.
El Ejecutivo autonómico se guarda la carta de la expropiación para hacer presión en la negociación, pero no hay que olvidar que toda expropiación requiere una compensación económica y que ésta tiene que estar debidamente justificada por la conveniencia del interés general, por lo que no puede utilizarla discrecionalmente, aseguran desde NC.
En consecuencia advierte que la intención del Gobierno de Canarias de evitar que los empresarios acudan a los tribunales no se consigue con esta medida, puesto que en todo caso siempre podrán apelar a la justicia si consideran lesionados sus derechos en las indemnizaciones concedidas, es decir, tras la negociación.
Pésima ley
Nueva Canarias asegura que el Ejecutivo autonómico está en una peor posición que con respecto a la ley de Directrices porque la ley de Medidas Urgentes fue elaborada y tramitada sin consenso y obviando las críticas que se hicieron por parte de los cabildos, ayuntamientos, colegios de arquitectos, patronales turísticas y asociaciones ecologistas.
Y, al contrario que la ley de Directrices, fue aprobada sin el apoyo unánime de los diputados en el Parlamento de Canarias y ni si quiera del total de representantes de los partidos que conforman el Gobierno autonómico, ATI-CC y PP.
Asimismo NC recuerda que las sentencias que han dado la razón a empresarios de suelo turístico no condenan la ley de Directrices sino al Gobierno de Canarias, por incumplirla, especialmente la directriz 27 que obligaba al gobierno canario a elaborar una nueva Ley a los tres años, es decir en abril del año 2006, fijando de nuevo el ritmo anual de crecimiento de camas turísticas.
Sin embargo, ni el gobierno de Adán Martín, ni el de Paulino Rivero ejecutaron los preceptos establecidos por lo que han mantenido sin fecha la suspensión de derechos, lesionando los intereses de los propietarios del suelo y dando lugar a las sentencias indemnizatorias.
