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EL COSTE DE LA PAC. La política agraria ha aumentado la precariedad en el campo. Las manifestaciones de pequeños agricultores y ganaderos se han repetido estos años. Foto: Edu León
Europa
En 2011 se presentará la nueva reforma de la Política Agraria Común, que entrará en vigor en 2013. Las incongruencias marcan las negociaciones en la Unión Europea.
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“Esta reforma es una mezcla de incoherencias que intenta contentar a todos y todas pero sólo contenta a los mismos de siempre. Es una política que es rehén de la industria, que quiere materias primas baratas y mayores importaciones; rehén de la distribución comercial y de las industrias de insumos (fertilizantes, semillas y demás) cuyo objetivo es que los agricultores y agricultoras sigan comprándoles sus productos”.
Así explica Marta Soler, docente del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, el futuro de la Política Agrícola Común (PAC), cuya reforma se hará efectiva en 2013. Un futuro que estos días debaten y negocian los 27 países de la Unión Europea dirigidos por Dacian Ciolos, comisario europeo de Agricultura.
Los grandes titulares de la Comisión Europea (CE) sobre la reforma hablan de apoyo a la producción local o medidas de sostenibilidad, pero desde numerosos sectores se ven con escepticismo: “Sólo es la imagen que quieren dar a la ciudadanía, pero la apuesta no es por la agricultura y ganadería local, ya que una de las líneas principales de la PAC es financiar producciones destinadas a la exportación, sin tener en cuenta la oferta y la demanda”, según afirma Carme Freire, secretaria general del Sindicato Labrego Galego. Soler corrobora esta idea al asegurar que si se quisiera fomentar la producción local las ayudas irían destinadas a la agricultura y ganadería local, “pero la realidad no es ésa”.
La PAC es el marco legislativo que regula la agricultura en la UE. Según la Comisión Europea, la PAC nació en los años ‘50 “en una Europa occidental cuya población estaba marcada por los años de guerra y en la que la agricultura había quedado paralizada y el abastecimiento de alimentos no podía garantizarse”.
El objetivo principal fue fomentar la mejora de la productividad agrícola para que existiera un suministro estable de alimentos a precios asequibles y garantizar a la UE un sector agrícola estable. Este sistema se articuló reestructurando la agricultura a través de subsidios a determinados cultivos, subvencionando las exportaciones y favoreciendo el crecimiento y la especialización de explotaciones agrícolas. Para Marta Soler, la idea de la PAC “era abastecer a la nueva población urbana para que el proceso de industrialización que se estaba viviendo en ese momento fuera rentable”.
En 1986, el Estado español entró en el mercado común europeo aceptando duras condiciones en algunos sectores. Ése fue el caso del campo: “En 1987, la agricultura española se colocó en un mercado mucho más amplio, se reforzó la orientación productivista y el proceso de especialización se fomentó a través de las subvenciones, como es el caso del olivar”, explica Soler.
Los precios de los productos cuyo principal comprador es la industria agroalimentaria bajaron considerablemente y comenzaron a generarse numerosos excedentes que eran destruidos, almacenados o exportados a otros países a precios muy bajos con la ayuda de subvenciones. Un proceso que se denomina dumping y que acaba con los mercados locales de los países receptores. “Está claro que la entrada en la Unión Europea aceleró y profundizó la dependencia de la industria agroalimentaria”, sentencia Soler, “un ejemplo muy claro es Castilla-La Mancha, donde han llegado a existir 100.000 hectáreas de viñedos con muy pocas salidas comerciales”.
Libre comercio en el agro
En 2003, la PAC sufrió una gran reforma. Hasta la fecha se habían fijado unos mecanismos de intervención para los precios de los productos agrícolas, algo que iba en contra de los principios liberales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que establecía unos mínimos para los productos. Así, la reforma de 2003 supuso un intento de alinear la Política Agrícola Común con este organismo internacional surgido de las negociaciones de la Ronda de Uruguay. “Se liberalizaron las producciones agrarias y se redujeron los aranceles como respuesta a los intereses de la industria, que va a tener productos agrarios a precios más bajos en detrimento de los ingresos de los agricultores, que están sometidos a una competencia internacional más fuerte”, comenta Marta Soler.
Para compensar el impacto y correspondiente ajuste en el sector agrícola, como medida compensatoria, se crearon las ayudas desacopladas o Pago Único, es decir, el cobro de una ayuda por parte de agricultores o agricultoras sin necesidad de que se tenga actividad productiva. Para calcular el pago único a percibir, el sistema presentado en 2003 por la Comisión Europea contempla las subvenciones que hasta la fecha ha recibido el agricultor o la agricultora en función de su productividad. De esta manera, las ayudas se concentran entre los que históricamente han producido más ya que cuentan con más superficie de cultivo. Este sistema genera grandes desigualdades: según esta docente de la Universidad de Sevilla, “la reforma de 2003 no logra romper el sesgo productivista y de concentración de ayudas”. Uno de los puntos que se quieren modificar para 2013 es esta ayuda desvinculada.
Las subvenciones son la clave
Sin las ayudas de la PAC, el sistema actual de producción no podría existir. Así lo confirma Marta Soler: “Acabamos de hacer un estudio del cultivo de la remolacha en Andalucía y hemos calculado los márgenes de beneficio en ausencia de subvenciones y según los precios mundiales. El margen neto es nulo o negativo. Es decir, sin las ayudas europeas el cultivo de remolacha no sería viable”.
Para Carme Freire, la PAC, además, acaba con las pequeñas y medianas explotaciones, ya que no existe un sistema de adecuación entre la oferta y la demanda. “Se generan producciones enormes, por ejemplo, de leche, de manera que las industrias y la gran distribución tienen cantidades ingentes de producto”, dice esta representante del Sindicato Labrego.
“Su discurso –prosigue Freire– es el siguiente: ‘Como tenemos mucho de esto en el mercado, tenemos que bajar los precios y ustedes, ciudadanía, pueden comprarlo mucho más barato, porque si aquí no encuentro el precio que quiero lo traigo de otros países’. En estos casos, la gran distribución es la beneficiaria porque a través de sus ofertas con marcas blancas de productos o sus 2×1 “extorsiona a los productores amenazándoles con no comprar”, sentencia Freire. Esto supone la desaparición paulatina de familias productoras de alimentos que, como afirma la secretaria del Sindicato Labrego Galego, “sustentan no sólo económicamente a un país, sino que también lo hacen medioambiental, social y culturalmente”.
Mecanización del campo
Pese a la retórica verde, el modelo que se sigue proponiendo como dominante, según Soler, es el dependiente de los fitosanitarios y la mecanización, “lo que conlleva graves problemas de viabilidad económica porque los precios de mercado han bajado, los ingresos se reducen y los costes se incrementan debido a la subida del precio del petróleo”.
Algo que beneficia a las grandes industrias de insumos. “La PAC se vende como una política para la agricultura y la ganadería y es una política para el sistema agroalimentario, que a su vez es una política fundamental para el sistema económico”, denuncia esta docente de la Universidad de Sevilla. De hecho, para evitar conflictos dentro de la Unión Europea, se ha evitado cualquier posicionamiento claro en torno a los transgénicos, ya que la Comisión Europea se ha manifestado a favor, pero hay algunos países, como Austria, donde existe una moratoria sobre su cultivo. Aunque sí se está incentivando la importación de, por ejemplo, piensos modificados para el ganado.
Frente a la insostenibilidad del sistema actual, muchos agricultores y agricultoras están apostando por la producción agroecológica o los canales cortos. Desde el Sindicato Labrego Galego defienden un cambio radical de la política actual a través de la propuesta de soberanía alimentaria de la Vía Campesina, “decidir qué queremos producir, cómo queremos hacerlo y qué queremos comer. Algo que en Galicia, por ejemplo, era posible hace unos años”.
Ayudas al gran capital
En 2009 el Estado español ocupó el tercer puesto en el ránking de receptores de fondos agrícolas comunitarios, por detrás de Francia y Alemania. Recibió un total de 7.487 millones de euros, de los cuales 5.586 fueron destinados a medidas de mercado como los pagos directos. Pero los beneficiarios de estas ayudas no son sólo los agricultores, agricultoras o grandes terratenientes como la duquesa de Alba; entre sus receptores se encuentran grandes empresas y filiales de multinacionales como Kraft, Cadbury, Nestlé o la farmaceútica Abbott.
Izaskun Sánchez Aroca
