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Crisis económica-Crisis ambiental. Las dos caras de la misma moneda

Ben Magec – Ecologistas en Acción

Canarias / La Palma

Ben Magec-Ecologistas en Acción presenta un boletín de difusión masiva titulado ’Crisis Ambiental-Crisis Ecológica: las dos caras de la misma moneda’, con el que pone en evidencia las consecuencias que comporta la apuesta por la derivación de dinero público a la construcción de megainfraestructuras.

Desde el punto de vista económico, destacan la derivación de una enorme bolsa de dinero público a manos de grandes empresas de la construcción, sin que este gasto suponga una inversión en la creación de puestos de trabajo, ni una redistribución de la riqueza. Estas grandes empresas, que normalmente son además las que dictan las políticas energéticas y las adjudicatarias de numerosos servicios públicos como la recogida de basura y el agua, son además las que están dirigiendo las decisiones de inversión de dinero público, que está siendo detraído de otros fines más útiles a la ciudadanía, como la sanidad, la educación, o los servicios públicos.

Desde el punto de vista ambiental, estas infraestructuras están suponiendo la pérdida de biodiversidad, el fraccionamiento del territorio, o la apuesta por un modelo energético y de movilidad muy impactante en el medio ambiente local y global.

Para colmo, muchas de ellas son obras de muy cuestionable utilidad social, que no sólo no van a suponer una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, sino que además, significarán una enorme carga al territorio.

Ben Magec ha elegido una selección de infraestructuras inútiles en construcción o pendientes de construir por todo el archipiélago canario, que ascienden a un total de inversión conjunta de 7.679.307.032 euros. Para que esta cifra resulte asimilable al común de la población, equiparándolos al Auditorio Adán Martín (ejemplo evidente de derroche de dinero público), se ha estimado que este dinero sería equiparable a construir 77 Auditorios Adán Martín por todo el Archipiélago.

Ejemplos flagrantes de obras públicas absurdas son la nueva terminal del aeropuerto de La Palma (230.000.000 euros), que amplía la capacidad a 3.000.000 de pasajeros para un aeródromo que en 2010 sufrió una pérdida de 14,6 millones de euros; o la ampliación del aeropuerto de La Gomera (30.000.000 euros de 1999), penúltimo en la escala de aeropuertos inútiles, con una media inferior a cinco salidas y llegadas diarias.

Los trenes de Tenerife y Gran Canaria, cuya utilidad para mejorar la movilidad es más que cuestionable, ascienden a un total conjunto de 3.894.000.000 euros.

El puerto de Granadilla (143.587.386 euros) no sólo es una obra de reconocido impacto ambiental, sino que es notoria su inutilidad, ya que será inoperativo el 60% del año. Por otra parte, el puerto de Arinaga, ejemplo más claro de infraestructura portuaria inútil, ahora quiere ser ampliado, para lo que se destinan 142.000.000 euros.

En Fuerteventura, el proyecto de Chillida sobre Tindaya, que afectará a la obra más protegida de todo el archipiélago por su enorme valor arqueológico, natural y cultural, tiene presupuestados 76.000.000 millones de euros. Pero es de destacar que además de esta cantidad, han desaparecido ya 25.000.000 euros, que jamás se han recuperado.

En todas las islas se prevé construir numerosos puertos deportivos, como el de Playa Blanca (35.000.000 euros), en Lanzarote, cuya ampliación no se justifica ni por las necesidades del municipio ni por las de la isla.

Cabe recordar, por último que todas estas inversiones tienen una dotación prevista con fondos públicos canarios de 900.000.000 euros. Todo este dinero, más el procedente de fondos estatales y europeos, es dinero público cuyo destino, insistimos, no está sujeto a ninguna predeterminación más allá de la que imponen las decisiones políticas, en muchos casos condicionadas por la presión que ejercen las grandes empresas adjudicatarias. Sin embargo, es dinero público, obtenido de las cotizaciones de todos los contribuyentes, por lo que además señalamos que el total del dinero cuantificado, también podría ser equiparable a contratar a 1.000 profesores y profesoras durante 256 años.

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